Uno de los principales ejes de conflicto en la industria lechera llegó ayer a su última instancia. Colun y Watt’s se presentaron ayer ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) con sus mejores argumentos respecto de la consulta que presentó esta última -ligada a la familia Larraín Peña- para hacer extensible a la cooperativa la obligación de transparentar sus pautas de compra de leche, tal como lo hace junto a Nestlé y Soprole.

Por cerca de tres horas, las dos procesadoras defendieron sus puntos ante el Tribunal: mientras Colun asegura que comprar leche solo a sus cooperados sin publicar dicha pauta no marca una ventaja; Watt’s lo contradice asegurando que esto ha sido clave para que la primera se mantenga como líder del mercado, e, incluso, también eluda impuestos. El abogado de Watt’s, Benjamín Grebe, asegura que lo anterior ha quedado en evidencia en la oposición de Colún a que se le extienda esa obligación.

Además, dice que Colun obtiene beneficios a partir de su modelo cooperativo, pese a que es principal comprador y compite en el mismo mercado. Por ejemplo, detalló que ambas están en las góndolas de supermercados y deben comprar la totalidad de la leche de sus proveedores en periodos de largo plazo.

Watt’s va más allá en su línea argumental y sostiene que, para ‘emparejar la cancha’, Colun debería transparentar sus pautas y revelar también los pagos de excedentes a sus asociados, que se dan por su modelo de cooperativa. Justamente, advierte que sus cooperados no pagan impuestos por estos excedentes: ‘si Colún baja sus precios, los cooperados recibirán un menor pago por la leche, pero un mayor pago en excedentes y por lo tanto pagarán menos impuestos o sencillamente no pagarán’, aseguró el representante de Watt’s.

La arremetida de Colun

La respuesta de Colun no se hizo esperar. A través de su representante, José Manuel Bustamante, resaltó que el modelo de cooperativa -que funciona mediante integración vertical de sus socios- la obliga a comprar toda su leche, por lo que su producción depende totalmente de materia prima nacional y que, además, no tienen necesidad de competir en el mercado de la compra de leche a otros proveedores, como sí ocurre con los demás procesadores.

En este sentido, señala que publicar sus pautas no sería relevante, ni tampoco su participación de mercado. Además resalta que las procesadoras, durante los últimos dos años, han elevado la importación de leche desde 20,6% en 2016 a 35% al segundo semestre de este año. En este marco, resaltó que el difícil escenario emplazó incluso a la industria a solicitar salvaguardias ante la Comisión Antidistorsiones (CNDP), las que aún se encuentran pendiente de resolución. Bustamante añade que, dada su condición de cooperativa, ‘los precios son fijados por sus socios en pautas únicas para todos sus cooperados’.

Soprole también concurrió al TDLC, y en su análisis representado por el abogado Luis Eduardo Toro, señaló que la publicación de pautas solo por parte de algunos actores, ha generado ‘asimetrías’ a favor de Colun y propiciado una movilidad de los productores hacia la cooperativa.

‘El crecimiento de Colun ha sido a costa de quitar productores a competidores, principalmente Nestlé’, dice el jurista.

También abordó la situación crítica en que se encontraría la industria lechera, según Fedeleche, afirmando que no es tal, toda vez que la producción de leche cruda creció 22% en 2017.

Toro advirtió que desde que se aplicó la obligación de transparentar pautas a Watt’s, Soprole y Nestlé, la participación de Colun se duplicó.

Los argumentos de Tomás Menchaca

Una nueva arista respecto de las pautas de precios entregadas por las procesadoras puso en la mesa el ex presidente del TDLC, Tomás Menchaca, que expuso en representación de Fedeleche.

En base a una declaración de Rodrigo Lavín ante la Comisión de Agricultura de la Cámara, donde aseguró que se le ofreció elevar en 200% el precio pagado por litro de leche para retenerlo como proveedor, advirtió que se estaría quebrantando un ítem clave de la ‘sentencia siete’, la misma que estableció la obligación de transparentar las pautas: ajustar precios de manera arbitraria, lo que presentaría un ‘incumplimiento’ sancionable.

Para Menchaca, esta declaración -en sesión donde estaba presente Mario Ybar- fue un efecto dominó: habría implicado que la FNE activara una revisión a dicha sentencia y luego se formuló la consulta de Watt’s.

En este marco, propuso al TDLC ordenar una investigación para determinar la ‘importante diferencia’ entre los precios publicados en las pautas y los precios informados a Odepa, además de evaluar discriminación de precios y la existencia de contratos anticompetitivos.