El cambio en los derechos de agua de «perpetuos» a «indefinidos» ha llevado al gremio agrícola a movilizarse.
Un inserto publicado el pasado domingo 14 de julio en varios de los principales diarios del país desató la polémica. Bajo el título de «Alerta», la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) planteaba que la actual reforma al Código de Aguas, –cuya discusión se retoma el lunes 5 de agosto en el Congreso– amenazaba la certeza jurídica y el bienestar de la sociedad y las personas al cambiar el régimen de propiedad privada sobre los derechos de aprovechamiento del agua. La publicación, además de ser firmada por el gremio agrícola, contaba con el apoyo de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) y sus ramas. El aviso generó respuestas airadas de parlamentarios como Guido Girardi (PPD) y Renato Garín (ex RD), quienes tildaron la publicación como una «campaña del terror».
Ricardo Ariztía, presidente de la SNA, asegura que no se trata de una acción desesperada y que simplemente están alertando respecto de una situación que los perjudica. «Yo no la califico de desesperada. Nosotros estamos acostumbrados a las contingencias en la agricultura. Así es que sabemos o tratamos de hacerlo lo mejor posible. Pero de ahí a desesperación, no. Pusimos una voz de alerta, sí», asegura el dirigente gremial.
Respecto de las críticas de los parlamentarios, Ariztía responde enérgico: «¡Pero por favor!, ¿qué campaña del terror? Nosotros lo decimos con argumentos sólidos, y no con campañas muchas de ellas engañosas. La misma «campaña del terror» o «empresarios todopoderosos», son una serie de términos que […], los hemos tenido de distintos parlamentarios y nada de eso es así. Nosotros nos movemos porque nos quieren estatizar el agua».
«Nos hemos desgastado desde el 2011 en esta discusión eterna, mientras el agua por otra parte se nos va al mar. Y no hacemos lo que de verdad tenemos que hacer que es almacenar el agua. Y no avanzamos en los embalses que es lo que solucionaría el tema», argumenta el empresario.
El principal conflicto de la SNA con el proyecto que se tramita en el Congreso es el cambio en la asignación de tales derechos de «perpetuos» a «indefinidos», algo que según el gremio agrícola genera una incertidumbre que acarrea consecuencias. «Resulta que el agua es la base de la producción de los alimentos. Y no teniendo seguridad o una certeza jurídica sobre la propiedad del agua, se comienza a perder el interés por invertir, el patrimonio de los agricultores, que se afecta seriamente», plantea Ariztía.
«Por lo tanto, cuando se discute que la perpetuidad se cambie por indefinido, la palabra indefinido es muy amplia. Indefinido puede ser mañana. Por lo tanto, cuando quedan los derechos de agua en propiedad «indefinida», no hay ninguna seguridad jurídica de su propiedad y queda expuesta a diversas facultades discrecionales de los organismos del Estado», se queja el representante gremial.
Según la SNA, existen propuestas incluidas en el proyecto de ley que «salen de lo establecido» por la Constitución. De ahí que esperen que una vez que el proyecto termine su trámite en la Comisión de Agricultura del Senado, pase a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para analizar este asunto.
Otro de los puntos que generan controversia es el pago de multas cuando los derechos de agua ya asignados no son utilizados. Al respecto, Ariztía asegura estar de acuerdo con que exista un pago cuando tales derechos no se aprovechan. «Tenemos una ley que ha funcionado muy bien que es la de las patentes por no uso», sostiene Ariztía. Sin embargo, el pago de estas patentes prácticamente se ha duplicado durante los últimos cinco años, lo que da cuenta de un aumento en el no uso de derechos adjudicados. Aun así, el dirigente gremial considera que esta sanción es suficiente.
«Consideramos que el pago sí es suficiente y se han aumentado las multas por no uso. Se han aumentado las tarifas. Y a medida que van apareciendo se van pagando», asegura. Al respecto, el empresario explica que muchos de estos casos están relacionados con empresas generadoras de energía que han optado por otras fuentes de generación y que por lo tanto han dejado sin explotar las cuotas de agua asignadas. «Que el Estado no tenga un sistema de cobranza eficiente para pagar las multas que sean, ese es otro tema», argumenta a propósito del aumento en la morosidad al 66% de estas sanciones.
«¡No me pregunte a mí, pregúntenle a ellos por qué no lo resuelven!», agrega Ariztía.
El empresario también se refirió a un asunto recurrente en la discusión respecto de la modificación al Código de Aguas, y es que su origen data de 1981, por lo que se considera que tiene un componente ideológico al haber sido redactado durante la dictadura militar.
«Cada país tiene su sistema y este ha funcionado perfectamente. ¿Y porque fue hecho en el gobierno militar hay que cambiarlo? ¡No! Aquí hay que resolver los problemas que tenemos», defiende.
«Yo digo ‘cuidado con estos cambios que al final nos pueden salir marcha atrás'», agrega el líder de la SNA, al tiempo que desestima que la discusión por el cambio al Código de Aguas pueda verse empañada por otro tema que está bajo escrutinio relacionado con el recurso: el fin a la concesión de Essal en Osorno. «No mezclemos las cosas», concluye Ariztía.
Fuente: Pauta.cl