- Una nueva normativa que fomenta el uso de estos plaguicidas, junto a la prohibición de 151 agroquímicos por su alta peligrosidad y la creación de la Comisión Asesora Público-Privada en materia de plaguicidas, son las tres nuevas medidas anunciadas por el Servicio Agrícola y Ganadero.
El Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, a través de su director nacional José Guajardo Reyes, anunció una serie de medidas en materia de plaguicidas con el fin de avanzar hacia una agricultura más sustentable. Es así como se firmó la resolución que prohíbe el uso de 14 grupos de plaguicidas por su alta peligrosidad para las personas, animales y medio ambiente, lo que se traduce en 151 presentaciones comerciales. Junto con ello, se presentó una nueva normativa que propicia el empleo de plaguicidas en base a extractos naturales y se creó la Comisión Asesora Público – Privada del SAG que buscará mejorar y modernizar la normativa de agroquímicos en nuestro país.
En cuanto a la resolución de prohibición de fabricación, importación, distribución, venta, tenencia y aplicación de 14 sustancias activas de plaguicidas, como por ejemplo Binapacrilo, Captafol, Clorobencilato y Dicloruro de etileno, entre varios otros; estas se encuentran listadas en los convenios de Rotterdam y Estocolmo como compuestos con efectos no deseables para la salud de las personas, animales y medio ambiente, y que si bien no tienen productos vigentes en nuestro país, tampoco podrán ser registrados ni utilizados en nuestro territorio.
Estos convenios internacionales, tanto Rotterdam como Estocolmo, a los que Chile está suscrito, buscan controlar y reducir los riesgos asociados a productos químicos peligrosos y contaminantes ambientales, incluidos algunos plaguicidas, a través de la regulación y la cooperación internacional.
Plaguicidas naturales
En tanto, la resolución de autorización de plaguicidas generados en base a extractos naturales busca establecer un marco normativo especial para los agroquímicos generados en base a sustancias obtenidas a partir de orígenes microbianos, vegetales, animales y minerales, que están presentes en la naturaleza, actúan en bajas dosis, tienen corta persistencia ambiental y su especificidad les da un efecto inocuo sobre las personas, animales y organismos en general, lo que los convierte en una potente herramienta para el manejo integrado de plagas, que es una estrategia fundamental para el desarrollo sustentable de la agricultura.
La Red Chilena de Bioinsumos a través de su representante, Romina Almasia, se mostró conforme con el anuncia indicando que “es parte de lo que necesitamos para una agricultura más sana y también acorde a las necesidades de la agricultura. Hoy en día se abren brechas importantes para incluir biológicos, hay que ir sacando productos que sean tóxicos y renovando por una nueva paleta de productos que sean mucho más amigables con el medio ambiente”.
En tanto, María Elena Rosas, Coordinadora Nacional Red Acción en Plaguicidas, señaló que “toda medida tendiente a la sustitución del grupo de plaguicidas altamente peligroso por bioinsumos y alternativas viables, que apoyen también la agroecología, es una contribución importante para la salud y el ambiente”.
Esta iniciativa se suma a una serie de normativas dictadas recientemente por el SAG, que buscan dar un giro en el tipo de plaguicidas utilizados en nuestra agricultura ofreciendo una paleta de productos más sustentables y de menor impacto en el medio ambiente. Es así como ya se encuentran vigentes las resoluciones de plaguicidas microbianos (2019), la de plaguicidas semioquímicos (2022), lo cual se suma ahora a la norma de extractos naturales, en un camino en que el Servicio seguirá buscando nuevas alternativas.
Así también, la creación de la Comisión Asesora Público – Privada del SAG en materias de autorización, evaluación y fiscalización de plaguicidas de uso agrícola, busca generar una instancia que recoja el planteamiento de distintas visiones, necesidades y proposiciones técnicas para lograr mejoras paulatinas a los procesos regulatorios, basando la toma de decisiones en metodologías científicas válidamente aceptadas para alcanzar el nivel adecuado de protección para las personas que aplican los plaguicidas, así como para los animales y el medio ambiente.
Fuente: SAG
