Además, puso el foco en dos reformas legales: Ley Lafkenche: urgió modificar su reglamento, dado que genera incertidumbre en el borde costero, zona motor del empleo. Código Laboral: Solicitó flexibilizar las normas para mejorar la productividad, advirtiendo que las últimas leyes han impuesto ‘mucho costo laboral a las pymes’.
Energía cara y la seguridad rural: Desde el agro, Eduardo Schwerter (Agrollanquihue) sumó una demanda estructural: la competitividad energética. Denunció el ‘alto costo y baja calidad’ de la electricidad en la región debido a la falta de transmisión desde el norte, lo que impide aprovechar los excedentes de energías limpias baratas.
Schwerter advirtió que esta brecha tecnológica -que podría tardar una década en solucionarse- desincentiva la inversión industrial y la tecnificación del campo. En materia de seguridad, valoró la ley de usurpaciones, pero exigió garantías operativas para las policías y tranquilidad para que ‘cualquier chileno pueda trabajar en el campo sin temor a un ataque’.
El ‘Plan Salmón 2050’ y la visión comunal: El sector salmonero alineó posturas para presentar un frente común ante el nuevo gobierno. La industria ve en el cambio de mando una ‘clara oportunidad’ para iniciar una etapa de reactivación agresiva.
Liderazgo mundial en juego: Arturo Clément, presidente de SalmonChile, puso el énfasis en la competitividad global. Argumentó que la industria no busca salvatajes, sino liberar su potencial: se han consolidado como líderes mundiales gracias a décadas de ‘inversión de largo plazo e innovación’. Para Clément, el desafío inmediato es recuperar el dinamismo perdido. Sostuvo que la contribución del sector al desarrollo nacional es insustituible y que, con las certezas adecuadas, están listos para gatillar nuevos ciclos de inversión.
Urgencia País y compromiso político: Loreto Seguel, presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón, valoró una señal política clave: el presidente electo, José Antonio Kast, no solo incluyó a la salmonicultura explícitamente en su programa, sino que recepcionó formalmente el ‘Plan Salmón 2050’. Seguel profundizó en que esta estrategia establece las bases técnicas para el desarrollo sostenible. Fue enfática al declarar que el actual estancamiento normativo no es un problema sectorial, sino una ‘urgencia país’ que debe abordarse de inmediato.
Pragmatismo comunal: el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, aportó la visión ejecutiva. Su postura es pragmática: el destrabe no requiere grandes reformas legislativas que demoren años. ‘Esto se puede restringir, porque no es solamente una ley, sino que son dictámenes, guías y reglamentos de organismos de pesca que se pueden modificar rápidamente’, dijo. Wainraihgt apuntó a dos llaves: dar certeza jurídica administrativa y racionalizar la Ley Lafkenche. Criticó la ‘desproporción’ en la aplicación de esta última norma, contrastando las ‘3 millones de hectáreas’ solicitadas por pueblos originarios frente a las 4 mil que utiliza la industria.
Fin a la ‘Permisología’ y crisis de vivienda
El diagnóstico de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) es severo. Su presidente en Puerto Montt, Lorenzo Miranda, recordó que el sector sufrió una caída del PIB del 3,3% en 2023 y concentró ‘siete de cada diez empleos perdidos en el país’ entre 2020 y 2023.
Miranda propuso una hoja de ruta clara: Permisos: calificó la ‘permisología’ como el principal nudo que frena desde viviendas hasta infraestructura crítica. Meta Habitacional: planteó abordar el déficit con una meta país de 200 mil unidades anuales, lo que dinamizaría el empleo masivo y la cadena de suministro pyme. Humedales Urbanos: alertó sobre una situación crítica local: existen ‘más de mil hectáreas’ en Los Lagos afectadas por la indefinición en la declaratoria de humedales. Miranda advirtió que la falta de ‘certeza técnica y jurídica’ impide planificar la ciudad, pese a compartir la necesidad de proteger ecosistemas.
Alerta por freno de flota y leyes ambientales
Héctor Henríquez, presidente de Armasur, encendió las alarmas: por primera vez en 30 años, la flota mercante del sur austral se está reduciendo, con la salida de siete u ocho naves en el último bienio. Atribuyó esto al estancamiento de la industria del salmón. Henríquez fue enfático: ‘El ambientalismo extremo frena todo y congela todo’.
El gremio identificó tres amenazas regulatorias: Ley SBAP: rechazan que el Ministerio del Medio Ambiente asuma atribuciones sobre territorio marítimo que históricamente pertenecían a la Armada. Política Costera: critican la incertidumbre sobre los límites territoriales que tutelará Medio Ambiente. Ley de Cabotaje: califican de ‘error estratégico’ permitir capitales extranjeros en rutas de conectividad esencial sin exigir tripulación 100% chilena.
Fuente: El Llanquihue
